• Limitación a la mayoría de edad en el procedimiento de rectificación registral del sexo: ¿Favorable o contrario al Interés superior del menor?

    El pie de esta disyuntiva me lo da el Auto que recientemente ha dictado el Tribunal Supremo ( Auto de TS, Sala 1ª de lo Civil, de 10 de Marzo de 2.016), elevando Cuestión de Inconstitucionalidad al intérprete supremo de la Carta Magna (cuyo Pleno ha admitido mediante Providencia de 10 de mayo de 2.016) por las dudas que le concita el posible efecto discriminatorio del artículo 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Este artículo limita la legitimación a la rectificación registral a los mayores de edad.

    Dicha Ley reguladora de la rectificación registral, en su artículo 4, recoge los requisitos que los mayores de edad deben reunir a la hora de solicitar al registro dicha rectificación:

    • Que le haya sido diagnosticada disforia de género.

    La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:

    • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
    • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.
    • Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. (no será un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia).

    En una mirada totalmente lega en materia médica a este artículo 4, me preguntaría por qué un profesional en Psicología no sabría reconocer y diagnosticar, de forma precisa y diferenciándola de cualquier otro tipo de condicionamiento, esta disforia de género en un menor de edad y sí en una persona que haya cumplido los 18 años. En este punto hay que dejar claro que dicha disforia no tiene por qué comprender ningún tipo de patología psiquiátrica que influya en la decisión del cambio de sexo (extremo que perfectamente está previniendo este artículo al pedir la ausencia de trastornos de personalidad).

    Otra pregunta que se me viene a la cabeza es si estos requisitos no constituyen de por sí las limitaciones lógicas a la hora de dar el visto bueno registral a la rectificación del sexo. Sea cual sea la edad de la persona en cuestión, si existen informes médicos y psicológicos que avalen la efectiva transexualidad, ¿no sería lo más lógico y conveniente la adaptación registral de esa realidad patente?

    Si la misma ley exige, como es preceptivo y acertado, los informes médicos y psicológicos oportunos en orden a la rectificación del sexo, ¿qué importancia puede tener la edad del interfecto cuando estos informes avalan su petición?

    ¿No debería ser más bien el conjunto de profesionales médicos los que deban decidir si la persona en cuestión cumple estos requisitos, y no su edad?

    Al respecto, en el Auto objeto de estudio, existe un voto particular del magistrado del Tribunal, Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, que efectivamente defiende la mayoría de edad como elemento determinante, resaltando la dificultad de un diagnóstico definitivo en la adolescencia y advirtiendo que solo una minoría de los trastornos de identidad de género en la infancia se mantienen en la edad adulta.

    ¿Justificaría este extremo la dejadez en el estudio de los distintos casos, uno por uno, en orden a vigilar y velar por el interés superior del menor y el libre desarrollo de su personalidad?

    Observamos la mirada que hace el Supremo a la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “se reconoce la evolución hacia un mayor reconocimiento de la transexualidad por el ordenamiento jurídico y una mayor protección de las personas transexuales frente a la discriminación y a la vulneración de su dignidad personal y de su vida privada.”

    En el informe sobre derechos humanos e identidad de género del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 29 de julio de 2009, se afirma:

    En ámbito escolar y familiar, los/as niños/as y los/as adultos/as jóvenes transexuales a menudo se enfrentan a un entorno inseguro, con acoso escolar e incluso expulsión de la familia. El 41% de los/as adolescentes transexuales de mujer-a- hombre y el 16% de hombre-a-mujer habían experimentado graves insultos por parte de su familia, hasta el punto de que el 20% de las personas transexuales de mujer-a-hombre habían sido desheredadas y abandonadas por completo por su familia. Cuando las personas se dan cuenta a una edad temprana de que se identifican mejor con el género opuesto y expresan el deseo de ser un niño o una niña, encuentran muy poca orientación apropiada y hay muy pocas redes de apoyo disponibles para estos/as jóvenes transexuales y sus padres. Por consiguiente, los/as niños/as y jóvenes transexuales se enfrentan a problemas en la búsqueda de información, apoyo o tratamiento. Recibir esta información y apoyo favorece el interés superior del niño, puesto que el silencio e ignorar sus problemas tan sólo les lleva a la exclusión, al odio hacia sí mismos/as, al acoso, al fracaso escolar y a las tasas excepcionalmente altas de suicidio que se observan entre los/as jóvenes transexuales. En Francia, una investigación reflejó que el 34% de los jóvenes transexuales habían intentado suicidarse antes de tener acceso a información y tratamiento.

    Conclusiones del Tribunal Supremo sobre la materia, tras examen de su propia jurisprudencia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de las Resoluciones, Recomendaciones e Informes de Organizaciones Internacionales o Supranacionales de las que España es miembro:

    • Las consideraciones de la ciencia médica, las percepciones sociales y el tratamiento jurídico dado por las legislaciones y los tribunales se encuentra en constante y acelerada evolución.
    • Debe primar el aspecto psicológico y psicosocial sobre el puramente cromosomático, gonadal e incluso morfológico.
    • No puede condicionarse el reconocimiento de la identidad de género de la persona transexual a su sometimiento a una operación quirúrgica de reasignación de sexo, ni tampoco a su esterilización.
    • Debe abandonarse la consideración de la transexualidad como una patología psiquiátrica necesitada de curación.
    • Ha de facilitarse a las personas transexuales el cambio de la mención del sexo y el nombre en la inscripción de nacimiento y demás documentos de identidad mediante procedimientos rápidos y eficaces.
    • Ha de protegerse la intimidad y dignidad de la persona transexual.
    • Este tratamiento jurídico de la transexualidad es consecuencia directa del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la integridad física y moral (…)
    • Los menores no son ajenos a la problemática de las personas transexuales. En ellos, a los problemas que atañen a las personas transexuales en general se añaden los que son inherentes a la etapa de la infancia y la adolescencia.

    La verdadera pregunta que se plantea al Constitucional es si puede haber casos en que la persona tenga la absoluta certeza de que su cuerpo no es conforme a su yo en una edad muy temprana o si, por el contrario, esta posibilidad es tan mínima que no vale la pena contemplarla. Entiendo que es esta la pregunta, porque lo que es innegociable es que el máximo interés por el que se debe velar en este sentido es el Superior del Menor. Por lo tanto, el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ¿vela por este interés o lo desvirtúa?

    Es mi opinión que claramente lo desvirtúa. Lo más sensato sería dejar las estrictas limitaciones a un lado y dar seguimiento individualizado a cada caso, oyendo al menor y su entorno y dejando a los profesionales médicos (psicólogos, endocrinólogos, etc. ) que sean los que deban dictaminar con sus informes la procedencia de un hipotético procedimiento de rectificación registral del sexo.